El Gobierno se acostumbra a vivir al límite. Este miércoles, PSOE y Sumar se juegan su primera gran derrota de la legislatura apenas dos meses después de la investidura de Pedro Sánchez. El Congreso de los Diputados vota tres decretos -que incluyen reformas para recibir 10.000 millones de euros de fondos europeos o las medidas anticrisis- y, salvo sorpresa, el Pleno comenzará sin fumata blanca. No obstante, el PSOE trata de atar in extremis el apoyo de Junts cumpliendo a medias una de sus condiciones: si bien rechaza multar a las empresas que se fueron de Cataluña en 2017, momento álgido del procés, sí apuesta por "facilitar" su vuelta a través de incentivos fiscales. Es decir, ayudas económicas.

La formación de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia, llevaba días insistiendo en su negativa a apoyar los decretos del Gobierno, lo que podría provocar un serio revés al Ejecutivo. Era un "no como una casa", decían. Sin embargo, este martes suavizaron su negativa y pusieron una nueva condición: aplicar sanciones a las empresas que abandonaron Cataluña en 2017 para escapar de la inestabilidad provocada por el procés y aplicar incentivos fiscales para las que se quedaron o quieran volver. 

Moncloa respondió con una ambigüedad calculada. "Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas", respondió hasta en cuatro ocasiones la portavoz y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría. Hubo una quinta pregunta en ese sentido que le tocó al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que tampoco se salió del guion e hizo hincapié en el "compromiso clave del Gobierno para seguir garantizando el marco jurídico que dé confianza y seguridad a las empresas".

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En privado fueron algo más prolíficos, pues fuentes cercanas al ministro sí defendieron que la Ley de Sociedades, que es la que pide cambiar Junts, "está bien como está". Así las cosas, Moncloa parecía decantarse por descartar la principal petición de Junts, aunque dejó la puerta abierta a aceptar los incentivos antes mentados para las empresas que sí vuelvan, que es diferente a imponer sanciones. La libertad de empresa está fijada en la Constitución Española, cuyo artículo 38 "reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado".

Mientras Moncloa respondía a las preguntas tras el Consejo de Ministros, Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, hacía lo propio en la Cámara Baja. Y fue más explícito sobre la posición del PSOE. El exlehendakari dijo que el PSOE estaba "abierto" a negociar con Junts y que estaban hablando sobre "todas estas cosas". "Siempre defenderemos facilitar el retorno de las empresas, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital y garantizar la seguridad jurídica", añadió el portavoz socialista, avanzando en qué parámetros podría llegar el acuerdo entre socialistas y posconvergentes.

Con todo, tanto Alegría como López coincidieron en trasladar la responsabilidad de una derrota al resto de grupos incidiendo en lo que el lunes en Ferraz tildaban como "cosas del comer". "Decir sí a los decretos es decir sí a los jóvenes, a los trabajadores, que utilizan el transporte público, a los pensionistas... Los principales beneficiarios son millones de españoles", apuntó la portavoz gubernamental. Además, los socialistas ya avanzaron el lunes que no retirarían los decretos para negociar unos nuevos: si caen será porque los socios del Gobierno votan "en contra de la gente", tal y como denunció el portavoz parlamentario del PSOE.

El PP, por su parte, condiciona su apoyo a cambios fiscales que el Gobierno se resiste a adoptar, como la modificación de los tramos del IRPF, por lo que esa vía de negociación también sigue taponada. Aunque el Ejecutivo no solo tiene problemas por su derecha para sacar adelante los decretos: también los partidos a su izquierda le están poniendo problemas. Podemos, cuyos cinco votos son imprescindibles para que las medidas del escudo social no caigan, ha puesto como condición endurecer el tope a las subidas de los alquileres en sus novaciones anuales, y también limitar los precios de los productos básicos de la cesta de la compra. 

Fuentes moradas aseguraban el martes por la mañana que, pese a que hicieron llegar al PSOE sus reclamaciones el pasado viernes, no habían tenido respuesta socialista más allá del acuse de recibo. Y, aunque parece muy complicado que Podemos vote en contra de un decreto, el de escudo social, que incluye la mayor parte de las medidas que los propios morados pelearon la legislatura pasada cuando formaban parte del Gobierno, menos improbable es que cumplan la segunda de sus amenazas: la de tumbar la nueva ayuda para quienes agotan el paro si el Gobierno no retira la bajada de sus pensiones que conlleva.

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Ese es el tercero de los decretos que se someterán a convalidación este miércoles en el Congreso, y sin el voto a favor de los morados no saldría adelante, lo que supondría un fuerte varapalo para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Básicamente, la medida supone que el subsidio que cobran los parados que agotan su prestación crezca hasta los 570 euros mensuales durante los seis primeros meses y hasta los 540 euros durante los seis siguientes, si bien el decreto incluye una disposición transitoria que, pese a no haber acaparado titulares, amenaza con suponer un recorte en la pensión futura de los perceptores de la ayuda de 570 euros.

En concreto, la disposición transitoria tercera del decreto reforma el modelo de cotización para la pensión de quienes empiecen a cobrar el subsidio a partir de junio. Hasta ahora, los perceptores de la ayuda cotizaban para su futura jubilación un 125% de la base mínima de cotización, es decir, 1.575 euros al mes. Pero, según el decreto, en 2024 ese porcentaje para quienes empiecen a beneficiarse de la ayuda a partir de junio se reducirá al 120% (1.512 euros al mes); en 2025 pasará a ser del 115% (1.449 euros al mes); en 2026 bajará hasta el 110% (1.386 euros mensuales); y en 2027 se quedará en el 105% (1.323 euros al mes).

Sumar rechaza el término "recorte" para referirse a esta rebaja, si bien también la justifica asegurando que la importante y sostenida subida del salario mínimo que se ha aprobado en los últimos años hace innecesario que estos parados mantengan la "sobrecotización" que tenían para evitar que sus pensiones fueran bajísimas. No obstante, preguntadas sobre la posibilidad de hacer cambios en el decreto para conseguir el voto de Podemos, ni la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ni la portavoz adjunta, Aina Vidal, quisieron abrir esa puerta y se limitaron a exigir "responsabilidad" a los morados.

Con todo, la de este miércoles se prevé como una jornada maratoniana en el Congreso. Aparte de los tres decretos ya citados, el Pleno de la Cámara Baja -que además se reunirá en el Senado por unas obras en su hemiciclo- debatirá el objetivo de estabilidad presupuestaria -fundamental para iniciar la tramitación de Presupuestos- así como las enmiendas a la totalidad del PP y Vox contra la ley de amnistía.